Luego de dos años del terremoto, más obras han sido concluidas y otras están en ejecución

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Luego del terremoto sucedido el 16 de abril de 2016; los manabitas han esperado dos años por la construcción de dos hospitales, en Pedernales y Chone, y uno más en Bahía.

Al cumplirse 100 días del sismo, Margarita Guevara, ministra de Salud del gobierno de Rafael Corres, anunció que la obra arrancaría en ese mismo año, no ha empezado en el 2016 ni el 2018 y, aunque en el 2018 consta en los planes, Verónica Espinosa, ministra actual de Salud, no ha aceptado tratar del teme en una entrevista.

Los afectados por hecho sucedido reclaman que han tenido que esperar dos o tres horas en emergencia y que en Pedernales hay pacientes que reciben atención médica en carpas, contenedores o unidades móviles. Así nos cuenta, Rodolfo Ochoa, de 43 años, que llevó a su hijo a un centro donde le dieron primeros auxilios, pero al tratarse de una gravedad lo trasladaron a Santo Domingo.

Algunos de los veedores como Ignacio Navia y Horacio Bellettini han cuestionado el manejo de los fondos para la reconstrucción y según Bellettini asegura que “ha habido poca celeridad en el manejo de los recursos y las obras que sì se han ejecutado no son las más necesarias” y que los $ 3.002 millones que fueron contemplados para la atención de las provincias afectadas por el sismo hasta el 2020, el 28.5% de recursos corresponde a obras que ya han sido entregadas y el resto, es decir el 70.9% se divide entre fondos para obras que siguen siendo ejecutadas y proyectos que se encuentran en planificación.

Mientras que se ha fijado $ 274 millones para la salud, así lo anunció la Secretaria Técnica de la Reconstrucción, de esta cifra ha concluido obras por $ 25.5 millones, y las que están en ejecución han utilizado $ 3.5 millones y $ 244.9 millones han sido destinados para futuros proyectos. El ministerio a través de un comunicado ha deslindado su responsabilidad por el retraso de obras y aclaró que “se cuenta con todos los estudios”, pero que ” no se ha podido utilizar sin la autorización de la Secretaría Técnica de Reconstrucción”. José Herrera Falcones declaró que se propondrá una metodología para la asignación de recursos de manera transparente y así priorizar los proyectos para que no existan criterios de que una obra es o no más importante.

Las obras en ejecución han tenido un avance del 98%, se encuentra el centro de salud tipo C Muisne en Esmeraldas que fue adjudicada a la compañía Arroyo Aguirre Constructores, Aníbal Arroyo Aguirre, gerente, aseguró: “estamos en proceso de entregarla”. Y de las obras que ya han sido terminadas, los recursos en su mayoría han sido destinados a la reactivación productiva y a créditos de la banca pública.

Una de las beneficiadas, Antonia Macías, luego de haber perdido su local en Portoviejo nos cuenta que “Tras el terremoto, BanEcuador me contactó, me dijeron que no me iban a dejar caer”, aunque otros comerciantes de esa ciudad se sienten abandonados, así lo dice Oswaldo Solórzano, dueño de una farmacia y que tuvo que trasladarla a otra dirección.

La Educación ha recibido fondos por $ 28.4 millones de lo recaudado de la Ley de Solidaridad; los contratistas mayoritarios son la Sinohydro Corporation con $ 2.9 millones para re potenciar los planteles y China Railway con $ 13 millones para la pre fabricación de escuelas; el contratista, Jangles Vera Molina, usó $ 2.2 millones para el desalojo de escombros, compactación de terrenos y la provisión de material pétreo. Para el sector vial se contemplo $ 609 millones, de los cuales $ 118 millones han terminado obras y $ 319 millones se encuentran en ejecución. En la mayoría de contratistas han sido consorcios de las ciudades de Río Mataje, Montecristi, San Plácido que fueron adjudicados con $ 37 millones en obra.

En la parte de infraestructura; el ministerio de Transporte envío un documento en el que se resume las obras que están a la espera de aprobación y que dependen de Rximbank. El terremoto en Manabí y Esmeraldas dejó más de 600 muertos, 137 menores en la orfandad y 27 de ellos perdieron a sus padres. Mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social aplicó $ 25 millones de la Ley de Solidaridad, los cuales fueron destinados a los primeros seis mese de bonos de alimentación, acogida y alquiles para los damnificados. $ 520 millones fueron destinados para viviendas, aunque hasta el 15 de febrero se habían concluido obras de $ 32.2 millones, el resto se encuentra en ejecución o planes.

 

 

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